En los últimos días se confirmó la salida de más de 80 funcionarios en la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, incluyendo madres cabeza de hogar, trabajadores sindicalizados y personas con incapacidades. La Presidencia justificó los despidos señalando que se trataba de cargos de libre nombramiento y remoción, pero el hecho ocurre a pocas semanas de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles motivaciones políticas.

Expertos como Iván Jiménez, del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, han advertido que el Ministerio del Trabajo sí tiene facultades para investigar y pronunciarse, incluso en casos que involucran al Estado.

El contraste con la actuación de la cartera en el sector privado, donde suele intervenir de manera inmediata ante despidos colectivos, ha profundizado las críticas. Analistas señalan que la falta de pronunciamiento puede interpretarse como una estrategia para evitar confrontaciones con el Gobierno central, lo que “puede generar sospechas” sobre la independencia institucional. Sindicatos de trabajadores ya evalúan presentar quejas formales ante el Ministerio, buscando que se garantice el debido proceso y se protejan los derechos de los afectados.

Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) se expresó que, en la Cancillería, las desvinculaciones recientes corresponden a un “número significativo” e incluyen personas con entre 18 y 30 años de trayectoria.

La presidenta de Unidiplo, Ana María Moreno, puntualizó: “Funcionarios de carrera, que llevan hasta 15 años vinculados, nos dicen que no habían visto una oleada tan alta en tan poco tiempo”.

Respecto al papel que podría desempeñar el Ministerio del Trabajo, la entidad no ha emitido una posición oficial sobre el caso. Este silencio contrasta con la premura con la que el organismo actuó ante despidos masivos en el sector privado, como en el caso de Caracol Radio y La W en noviembre de 2025, donde el Ministerio desplegó acciones inmediatas de inspección y vigilancia, o las inspecciones ordenadas al Club El Nogal de Bogotá por la salida de más de 130 trabajadores presuntamente forzados a firmar “retiros voluntarios”.

Más allá de la discusión técnica, el impacto humano es evidente: familias que dependían de estos empleos enfrentan ahora incertidumbre económica, mientras comunidades laborales sienten que la falta de respuesta oficial los deja desprotegidos. La ausencia de un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo no solo abre un debate jurídico, sino que también refleja la fragilidad de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la justicia laboral. Para los afectados, el silencio oficial se traduce en desamparo y en la necesidad de organizarse colectivamente para exigir garantías.