La madrugada del lunes, un convoy especial trasladó a Pipe Tuluá desde la cárcel La Picota en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam, donde fue entregado a agentes de la DEA y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El operativo incluyó más de 200 hombres de la Policía y el Ejército, con un esquema de seguridad reforzado para evitar cualquier intento de fuga o ataque. Hernández es acusado por la justicia estadounidense de coordinar envíos de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica, utilizando rutas marítimas y aéreas desde el Pacífico colombiano.

La captura y extradición de Pipe Tuluá representa un duro golpe para las organizaciones criminales que operan en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Según las autoridades, el capo mantenía una red de laboratorios clandestinos y alianzas con grupos armados ilegales que garantizaban la producción y transporte de toneladas de droga. Su influencia se extendía hasta comunidades rurales, donde imponía control social y económico. Para los habitantes de Tuluá y municipios cercanos, la noticia genera alivio, aunque persiste el temor de que otros cabecillas ocupen rápidamente su lugar.

Andrés Felipe Marín Silva lideraba La Inmaculada, organización criminal con epicentro en Tuluá, Valle del Cauca. Bajo su mando, la banda se especializó en secuestros, homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y sicariato.

El criminal acumulaba 30 años de condena en Colombia, con más de 39 homicidios comprobados, incluyendo asesinatos de funcionarios del INPEC, hechos que generaron alarma dentro del sistema penitenciario. Además, enfrenta once investigaciones activas, y está procesado por concierto para delinquir, entre otros delitos graves.