El empresario Carlos Mattos, conocido por el escándalo de corrupción en la representación de Hyundai en Colombia, vuelve a ser protagonista de una polémica judicial. Según revelaciones de medios nacionales y documentos de la Fiscalía, Mattos habría ofrecido camionetas a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) como parte de un intento de frenar o cerrar una investigación penal en su contra.

La información, confirmada por fuentes judiciales, señala que el ofrecimiento se habría hecho en medio de negociaciones informales, buscando beneficios procesales y un trato más favorable en los procesos que enfrenta por soborno y manipulación de la justicia.

Carlos Mattos fue condenado en 2022 por sobornar a jueces y funcionarios judiciales para obtener fallos favorables en el pleito comercial con Hyundai. Tras cumplir parte de su condena en prisión, el empresario ha estado vinculado a nuevas investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con su estadía en centros carcelarios y con intentos de influir en decisiones judiciales.

El ofrecimiento de camionetas a entidades estatales, según la Fiscalía, constituye un acto de corrupción que busca alterar el curso de la justicia. El INPEC, por su parte, confirmó que se investiga si funcionarios recibieron presiones o incentivos indebidos para favorecer al empresario.

El principio de oportunidad que la Fiscalía le concedió a Carlos Mattos y a los tres guardias que lo sacaban a pasear es el siguiente:

Para evitarse el lío judicial, Mattos le “donaría” a la Fiscalía una camioneta marca Hyundai que tiene un valor en el mercado superior a los 180 millones de pesos y sería entregada en el Búnker, en Bogotá. La Fiscalía accedió y defendió la propuesta del empresario condenado.

“No solo es legítima, útil, necesaria y se presenta como razonable y vale decir como admisible y válida desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales y lo que es más importante aún, desde los fines que justifican la aplicación de este principio que no son otros que acceder al valor de la justicia y reparación integral como esencia constitucional penal” señaló la fiscal Moreno.