Los alcaldes de varios municipios de Boyacá encendieron las alarmas tras conocerse la reducción del 48,8 % en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), decisión que afecta directamente la financiación de programas sociales, educación y salud. Según la Federación Colombiana de Municipios, el ajuste representa un golpe fiscal que compromete la estabilidad de las finanzas locales y pone en riesgo la atención de poblaciones vulnerables.

Mandatarios de localidades como Samacá, Sativa Sur y Betéitiva señalaron que la reducción supera los 100 millones de pesos en algunos casos, afectando recursos de libre inversión que ya estaban incorporados en los presupuestos municipales de 2025. “Este recorte nos deja sin capacidad para cumplir con compromisos básicos en educación y salud. Los más afectados serán los niños y los adultos mayores”, explicó Wilson Castiblanco Gil, alcalde de Samacá.

La disminución de recursos no es solo un asunto contable: significa que miles de familias podrían quedarse sin programas de alimentación escolar, sin acceso a medicamentos esenciales y sin continuidad en proyectos de infraestructura comunitaria. En municipios de quinta y sexta categoría, donde la dependencia del SGP es casi total, el recorte amenaza con profundizar la desigualdad. “Aquí no tenemos grandes empresas ni recaudos propios. Si nos quitan el SGP, nos quitan la posibilidad de atender a nuestra gente”, expresó un alcalde de la provincia de Sugamuxi.

La Federación de Municipios pidió al Gobierno Nacional revisar la decisión y garantizar la estabilidad de los recursos, advirtiendo que el recorte podría desencadenar una crisis social en departamentos como Boyacá. Los alcaldes anunciaron que llevarán el tema al Congreso y solicitarán medidas compensatorias para evitar que los programas sociales se paralicen.

El debate apenas comienza, pero lo cierto es que la reducción del SGP pone en evidencia la fragilidad de las finanzas territoriales y la necesidad de un modelo más equitativo de distribución de recursos.