El presidente Gustavo Petro envió una carta formal a la Corte Constitucional solicitando que se levante la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica en el Caribe colombiano. La medida había sido frenada por el alto tribunal a comienzos de enero, pero el mandatario argumentó que los nuevos hechos —inundaciones devastadoras en Córdoba y Sucre— obligan a restablecer el decreto para atender con urgencia a las comunidades afectadas.

En su misiva, Petro subrayó que no se trata de una disputa de poderes, sino de una “urgencia humana” que requiere herramientas excepcionales para evitar que la tragedia se profundice. Según cifras oficiales, las lluvias han dejado 14 muertos, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias damnificadas, lo que equivale a unas 300.000 personas en situación de vulnerabilidad.

La Corte Constitucional había suspendido provisionalmente el decreto al considerar que debía revisarse si cumplía con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, Petro insistió en que la suspensión limita la capacidad del Estado para desplegar medidas urgentes, como alivios en las tarifas de energía para el Caribe, subsidios directos y la movilización de recursos extraordinarios. “Aquí no está en juego una concesión política ni un debate ideológico, sino la vida de miles de colombianos”, escribió el presidente en su carta.

En municipios como Lorica, Ayapel y San Marcos, las familias afectadas permanecen en albergues improvisados, mientras esperan ayuda humanitaria. La falta de alimentos, agua potable y atención médica ha agravado la crisis. “Perdimos nuestra casa y todo lo que teníamos. Ahora vivimos en un coliseo con cientos de personas más, sin saber qué pasará mañana”, relató una madre de familia en Córdoba.

La Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales han advertido que la situación podría convertirse en una crisis prolongada si no se garantiza la presencia institucional y los recursos necesarios para la reconstrucción.