El Ministerio de Salud salió al paso de las críticas frente al proyecto de decreto que podría implicar el traslado de hasta 6,6 millones de afiliados entre EPS, asegurando que la iniciativa no contempla movimientos “automáticos ni indiscriminados”. Según la cartera, el objetivo central es ordenar el sistema de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, garantizando la continuidad de la atención y evitando riesgos financieros que hoy amenazan la sostenibilidad del sistema.

Según el decreto, se busca plantear mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en la salud, distribuyendo a los usuarios en función a la capacidad de las EPS y cada una de las necesidades regionales específicas de cada sector. Según el ministerio de Salud, cualquier traslado se haría de manera gradual y bajo parámetros técnicos rigurosos, priorizando la protección del derecho a la salud.

No obstante, asociaciones de usuarios han advertido que la medida podría concentrar millones de afiliados en EPS intervenidas o con problemas de gestión, como la Nueva EPS, que recibiría más de 3,1 millones de personas, y otras como Savia Salud y S.O.S. Para los voceros de estas organizaciones, el riesgo es que se afecte la continuidad de tratamientos críticos y se limite la libre elección de los usuarios.