El Gobierno japonés anunció un endurecimiento de sus políticas migratorias, con operativos más estrictos para rastrear, detener y deportar inmigrantes en situación irregular. Según el Ministerio de Justicia, en los últimos meses se ha acelerado el proceso de expulsión, alcanzando cifras récord en comparación con años anteriores. Las autoridades aseguran que la medida busca reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de la ley, en un país que históricamente ha mantenido una política migratoria restrictiva.

El impacto humano es evidente: miles de personas que habían construido su vida en Japón enfrentan ahora la incertidumbre de ser deportadas en cuestión de semanas. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la rapidez de los procedimientos podría vulnerar garantías básicas, como el derecho a la defensa o la posibilidad de solicitar refugio. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la prioridad es mantener el orden y proteger el mercado laboral, en un contexto donde la migración irregular ha aumentado en los últimos años.