Las intensas lluvias que azotan al país desde comienzos de año han dejado una emergencia humanitaria de gran magnitud. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), más de 94.000 familias han resultado damnificadas en departamentos como Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar y Antioquia, donde las inundaciones han destruido viviendas, vías y cultivos. El Gobierno reconoció que la situación supera la capacidad de respuesta inmediata y que se requieren medidas extraordinarias para atender a las comunidades afectadas.

El impacto humano es devastador: miles de personas permanecen en albergues improvisados, sin acceso suficiente a alimentos, agua potable ni atención médica. En zonas rurales, campesinos han perdido cosechas enteras y ganado, lo que compromete su sustento. “Lo perdimos todo, hasta los animales que nos daban de comer”, relató una mujer en Lorica, Córdoba, reflejando el drama que viven las familias. La emergencia invernal, que aún no da tregua, pone en evidencia la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura de prevención y respuesta.