El Gobierno colombiano enfrenta una seria preocupación tras conocerse que el Consejo de Estado estudia la posible devolución de 19.869 bienes incautados a Enilce López, conocida como “la Gata”, así como a integrantes de su clan y a reconocidos narcotraficantes. Estos bienes, que incluyen inmuebles, empresas, vehículos y cuentas bancarias, están avaluados en más de $6 billones, y fueron administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de procesos de extinción de dominio. La eventual decisión judicial pondría en entredicho años de trabajo institucional contra el crimen organizado y el lavado de activos.

La alerta no es menor: la devolución de este patrimonio podría significar un retroceso en la lucha contra las mafias y abrir un debate sobre la eficacia de los procesos de extinción de dominio en Colombia. Voceros del Gobierno han advertido que se trata de bienes vinculados a estructuras criminales que durante décadas afectaron la seguridad y la economía del país.

“No podemos permitir que el esfuerzo del Estado termine en manos de quienes han hecho tanto daño”, señaló un alto funcionario, reflejando la tensión que genera el caso. La decisión del Consejo de Estado será clave para definir el futuro de uno de los procesos más emblemáticos contra el poder económico de las mafias en Colombia.