Un juez de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no cumplir la orden judicial que le exigía retractarse públicamente de haber llamado “bandido” al exgerente de la EPS Coosalud, Jaime González Montaño. La decisión se produce luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara al mandatario corregir sus declaraciones, fallo que hasta ahora no ha sido acatado. El caso revive el debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos y las responsabilidades legales que enfrentan cuando emiten acusaciones sin sustento judicial.

De acuerdo con los antecedentes, el tribunal había dado un plazo para que Petro ofreciera disculpas y rectificara sus señalamientos, pero el incumplimiento derivó en la apertura de este nuevo proceso. El incidente de desacato podría acarrear sanciones disciplinarias y económicas para el presidente, además de mantener abierta la controversia política y jurídica en torno a sus pronunciamientos. El caso pone de relieve la tensión entre el discurso político y las garantías judiciales, en un contexto en el que las instituciones buscan proteger la honra de los ciudadanos frente a declaraciones de alto impacto.