La medida fue anunciada por el ministro Antonio Sanguino, quien ordenó la instalación de una mesa de diálogo para revisar el ofrecimiento que Movistar envió a cientos de colaboradores en el país. El plan contempla la finalización del contrato por mutuo acuerdo, acompañado de una bonificación calculada según la antigüedad de cada trabajador. El Ministerio aclaró que la inspección busca garantizar que el proceso se ajuste a la normativa laboral y que los empleados cuenten con información clara y suficiente para tomar decisiones sobre su futuro.

El caso ha generado preocupación en el sector de las telecomunicaciones, pues la fusión entre Movistar y Tigo implica una reorganización empresarial que podría derivar en la salida de un número significativo de empleados. Sindicatos y organizaciones laborales han advertido sobre el riesgo de que el plan de retiro voluntario se convierta en una estrategia de despido encubierto, mientras el Gobierno insiste en que su papel es garantizar la transparencia y proteger los derechos de los trabajadores. La inspección se convierte así en un punto clave para definir el impacto social de la integración de estas dos compañías en el mercado colombiano.