En un fallo histórico, la CorteIDH responsabilizó al Estado peruano por haber sometido a Cecilia Ramos Durand a un procedimiento de esterilización “bajo coerción”, lo que derivó en su fallecimiento. El tribunal señaló que se trató de una práctica sistemática de violencia reproductiva dirigida principalmente contra mujeres pobres y vulnerables, y subrayó que el Estado incumplió con investigar los hechos de manera diligente y oportuna. La sentencia también reconoció el impacto sufrido por las hijas, el esposo y la madre de la víctima, quienes fueron revictimizados por la falta de justicia.

La decisión marca un precedente en la región, al establecer que las políticas de esterilización forzada implementadas durante el gobierno de Fujimori constituyeron violaciones graves a los derechos humanos. La Corte ordenó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral, que incluyen indemnizaciones a la familia de Ramos Durand, garantías de no repetición y el reconocimiento público de responsabilidad. Organizaciones de derechos humanos celebraron el fallo como un paso fundamental para la memoria y la justicia, mientras que víctimas de otros casos similares esperan que esta sentencia abra el camino para nuevas investigaciones y reparaciones.