El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen este 26 de marzo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en una segunda audiencia clave dentro del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos, tras su captura en enero en una operación militar estadounidense. Ambos se han declarado inocentes y buscan desestimar los cargos, en un caso que mezcla acusaciones de narcotráfico, tensiones políticas y disputas legales sobre el derecho a la defensa.

El caso contra Maduro y Flores se centra en una serie de cargos presentados por la Fiscalía estadounidense. El ahora exmandatario es acusado de cuatro delitos: tres por conspiración (para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas de guerra como ametralladoras y artefactos destructivos) y un cuarto por posesión directa de esas armas. Por su parte, Flores enfrenta cargos similares: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armamento. Ambos rechazan las acusaciones.

El proceso comenzó formalmente el 5 de enero, cuando comparecieron por primera vez ante la justicia federal en Nueva York, apenas días después de su captura en Caracas. Desde entonces, el caso se encuentra en la fase preliminar, en la que se presentan mociones y se organiza el intercambio de pruebas entre la Fiscalía y la defensa. Uno de los puntos centrales de esta etapa es un recurso presentado por sus abogados para desestimar el caso. La defensa sostiene que el Gobierno de Estados Unidos, a través de sanciones económicas, está interfiriendo en su derecho constitucional a elegir abogado.

Los abogados de Maduro y Flores argumentan que no cuentan con recursos propios para costear su defensa y que, según la legislación venezolana, el Estado debería asumir esos gastos. Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha bloqueado el acceso a fondos del Gobierno venezolano debido al régimen de sanciones vigente desde 2015. Esta decisión, según la defensa, vulnera el derecho de los acusados a contar con abogados de su elección.

El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, deberá decidir si acepta el argumento y desestima el caso, si lo rechaza o si propone una solución intermedia. La Fiscalía, por su parte, sostiene que no existe tal vulneración y que los acusados pueden recurrir a defensores públicos si no pueden pagar abogados privados.

En medio de este panorama judicial, el diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, aseguró que sus padres se encuentran en buen estado físico y anímico. “Están muy bien, fuertes, con mucho ánimo”, afirmó en un video difundido en redes sociales, en el que también señaló que su padre realiza ejercicios diariamente y que su madre está “firme y alerta”.

Maduro Guerra sostuvo además que la audiencia servirá para “seguir elevando la verdad de Venezuela” y defender la inocencia de ambos acusados. Sus declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política y mediática, en el que el caso no solo tiene implicaciones judiciales, sino también geopolíticas, dada la histórica confrontación entre Washington y Caracas y el hecho de que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente. A medida que se acerca la audiencia, la atención se centra en la decisión del tribunal, que podría definir el rumbo inmediato de uno de los procesos judiciales más inusuales y sensibles en la relación entre ambos países. Con EFE, medios locales y France24