Un gran ataque cibernético dirigido contra la Secretaría de la Defensa Nacional de México ha revelado muchos detalles sobre la institución más secreta y poderosa del país, documentando su influencia cada vez mayor sobre el gobierno civil, sus intentos de evitar cooperar en una investigación histórica sobre derechos humanos y el uso del software espía conocido como Pegasus para espiar a periodistas.
El hackeo detalla las investigaciones internas del propio ejército y las sospechas de que poderosos funcionarios del gobierno, como los gobernadores estatales y el actual secretario de Gobernación, están vinculados a redes del crimen organizado, incluidos cárteles de la droga.
Mientras los periodistas en México investigan los datos divulgados por el ataque, las notas informativas publicadas hasta el momento evidencian el creciente control de las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles y su estrecha relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ejército mexicano tiene un historial de abusos contra los derechos humanos y masacres de civiles, y durante mucho tiempo se ha resistido a la supervisión y la rendición de cuentas. Los correos electrónicos filtrados muestran, en las propias palabras de los oficiales militares, cómo la institución maniobra para eludir al gobierno, empoderarse y proteger a sus propios miembros, incluso en los rangos más bajos.
Las filtraciones fueron publicadas por un grupo de piratas informáticos conocido como Guacamaya e incluyen unos seis terabytes de datos con más de cuatro millones de correos electrónicos. En un manifiesto publicado en línea, los atacantes informáticos afirmaron que eran un grupo antiimperialista que buscaba proteger el medioambiente. Se desconoce desde qué país operan, pero se comunicaban en español.
Esta semana, López Obrador reconoció el hackeo y dijo que “no hay nada que ocultar”.
El ejército no respondió a las solicitudes de comentarios.
A pesar de las advertencias de políticos y analistas de que las fuerzas armadas se están volviendo demasiado poderosas con López Obrador, el Senado votó esta semana para renovar el papel de las fuerzas armadas como la principal institución de México a cargo de la seguridad pública. El proyecto de ley fue enviado al presidente para su firma.
“Las fuerzas armadas de México son conocidas por ser la institución menos transparente, y estas filtraciones se producen en un momento crítico porque el gobierno mexicano está profundizando la participación de las fuerzas armadas en la vida y las instituciones civiles”, dijo Stephanie Brewer, directora de México en la Oficina de Washington para América Latina, una institución de investigación.
Los correos electrónicos filtrados revelan que el ejército estaba usando Pegasus, un software espía israelí, para infectar los teléfonos de periodistas y activistas, a pesar de las promesas de López Obrador de que su gobierno no usaría ese programa para espiar a los ciudadanos mexicanos. Se reveló por primera vez que el gobierno anterior usó Pegasus para espiar a periodistas, activistas y políticos, un escándalo que impacto a esa gestión.
“El poder de los militares frente a las instituciones es motivo de gran preocupación, ya que están recibiendo más recursos presupuestarios del gobierno”, dijo Brewer.
El ejército también inició investigaciones y creó archivos sobre funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y sus vínculos con el crimen organizado y los poderosos cárteles de la droga de México. Se reporta que el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, tiene vínculos con un poderoso cártel, acusación que negó esta semana.
En los correos divulgados, funcionarios de la Secretaría de la Defensa acusan al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de otorgarles altos cargos de seguridad a funcionarios vinculados al crimen organizado cuando se desempeñaba como gobernador del estado de Tabasco. Un portavoz de la secretaría se negó a comentar.
Las filtraciones también revelan agresiones sexuales generalizadas en las fuerzas armadas, con más de 300 militares acusados de acoso y otras violaciones de derechos, que los altos mandos mantuvieron en secreto durante años.
López Obrador obtuvo una importante victoria legislativa cuando el Senado votó en septiembre para trasladar la Guardia Nacional, la fuerza de seguridad pública federal de México, bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por: Maria Abi-Habib