La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior y quien había sido postulada para ocupar el Viceministerio de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. El proceso se relaciona con presuntas irregularidades en la obtención de dos títulos universitarios otorgados por la Fundación de Educación Superior San José, que habrían sido utilizados para acceder a cargos públicos.

Según el ente acusador, Guerrero será procesada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución académica.

De acuerdo con la investigación, Guerrero se graduó en julio de 2025 como contadora pública y tecnóloga en gestión contable, títulos que posteriormente fueron anulados tras comprobarse que no asistió a clases ni presentó las pruebas de Estado requeridas. La denuncia inicial fue presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien alertó sobre la posible compra de los diplomas.

La Fundación San José confirmó que detectó irregularidades en el proceso y colaboró con las autoridades para esclarecer los hechos. El caso ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la expedición de títulos académicos y la responsabilidad de las instituciones educativas en garantizar procesos legítimos.

La imputación contra Guerrero no solo afecta su carrera política, sino que también golpea la confianza ciudadana en las instituciones. Para muchos jóvenes, el caso refleja la desigualdad en el acceso a la educación y la percepción de que algunos logran ascender en la política mediante privilegios y corrupción. “Mientras miles de estudiantes se esfuerzan por graduarse, otros compran títulos para llegar al poder”, expresó un universitario en Bogotá, reflejando la indignación social.

El escándalo también pone en aprietos al Gobierno, que había considerado a Guerrero para un cargo clave en la política de juventud. La Fiscalía incluso solicitó medida de detención domiciliaria, lo que evidencia la gravedad de los delitos atribuidos.