La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el segundo pago del impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión fue adoptada tras la admisión de una demanda que cuestiona la legalidad de la medida, argumentando que podría vulnerar principios de equidad tributaria y afectar a determinados sectores económicos. Con esta determinación, el alto tribunal ordenó detener el cobro mientras se adelanta el estudio de fondo sobre la norma.

La suspensión genera un nuevo capítulo en el debate fiscal del país, pues el impuesto al patrimonio había sido planteado como una herramienta clave para aumentar el recaudo y financiar programas sociales. Voceros del Gobierno defendieron la medida como necesaria para garantizar recursos, mientras gremios empresariales celebraron la decisión de la Corte al considerar que el tributo resultaba excesivo y desproporcionado.