La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana enfrenta una investigación por el notable incremento de su patrimonio en los últimos años. Según reportes oficiales, la funcionaria pasó de declarar bienes por $651 millones en 2019 a más de $3.000 millones en 2024, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el origen de esos recursos y la transparencia en su gestión.
La indagación busca establecer si el aumento patrimonial corresponde a ingresos legítimos o si existen irregularidades que comprometan su responsabilidad disciplinaria y penal. El caso ha generado debate público sobre la necesidad de mayor control en las declaraciones de bienes de altos funcionarios judiciales, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones depende de la rendición de cuentas y la claridad en el manejo de los recursos.