Militares condenados por la JEP por falsos positivos conservarán sus medallas y honores, luego de que el Gobierno Petro frenara el decreto que buscaba retirárselos. La Presidencia argumentó que la normativa vigente desde 2015 solo permite quitar condecoraciones cuando existe una condena de la justicia ordinaria o penal militar, no de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este vacío legal dejó sin piso la iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa tras la sentencia contra doce militares del Batallón La Popa, responsables de más de 130 ejecuciones extrajudiciales.
El asesor jurídico de la Presidencia, Rubén Darío Calderón Jaramillo, explicó que el exhorto de la JEP no constituye una orden judicial suficiente para retirar las medallas. Por ello, mientras no se actualice la legislación, los uniformados podrán mantener sus reconocimientos oficiales. La decisión ha generado críticas de víctimas y organizaciones de derechos humanos, que consideran que mantener las distinciones es un agravio simbólico frente a la magnitud de los crímenes. El Gobierno, por su parte, reconoció la necesidad de una reforma legal que permita aplicar sanciones simbólicas en casos de violaciones graves a los derechos humanos.