Nueve funcionarios públicos, incluido el presidente Gustavo Petro, enfrentan investigaciones y suspensiones por presunta participación indebida en política. La Procuraduría General de la Nación confirmó que los procesos se abrieron tras denuncias que señalan a los implicados de haber intervenido en asuntos electorales, lo cual está prohibido por la Constitución. Entre los investigados se encuentran ministros, congresistas y altos funcionarios, quienes deberán responder por posibles vulneraciones a las normas que garantizan la neutralidad institucional en los comicios.
Entre los más recientes se encuentran Alfredo Saade, embajador en Brasil, y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que fueron apartados de sus cargos el 2 de junio por presuntamente promover la candidatura de Iván Cepeda.
La medida ha generado un fuerte impacto en el panorama político nacional, pues se da en medio de la tensión por la primera vuelta presidencial. Mientras sectores opositores celebran las decisiones como un avance en la defensa de la democracia, aliados del Gobierno aseguran que se trata de una persecución política. La Procuraduría advirtió que continuará recopilando pruebas y testimonios para determinar si existen méritos suficientes para sanciones definitivas, en un contexto donde la transparencia electoral es clave para la confianza ciudadana.