La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y otros funcionarios señalados en el escándalo de las negociaciones con el Clan del Golfo. El organismo de control busca establecer si hubo irregularidades en los acercamientos con ese grupo armado, en el marco de la política de paz total impulsada por el Gobierno. La investigación pretende determinar responsabilidades y verificar si se vulneraron normas legales o principios de transparencia en dichos procesos.
La apertura de la indagación se da en medio de fuertes cuestionamientos políticos y sociales sobre la manera en que se han adelantado los diálogos con organizaciones criminales. Sectores críticos sostienen que las negociaciones habrían favorecido intereses particulares y debilitado la institucionalidad, mientras que el Gobierno insiste en que se trató de un esfuerzo por reducir la violencia en las regiones más afectadas. La Procuraduría anunció que recopilará pruebas y testimonios, por su parte el presidente Gustavo Petro, se pronunció ante los hechos, declarando que en ningún momento ordenó detener acciones militares en contra de estos grupos armados.