La Fiscalía General de la Nación reveló nuevas pruebas que comprometen a Juliana Guerrero y a su hermana en una presunta red de influencias y cobros millonarios dentro de entidades públicas. Según el expediente, ambas habrían utilizado sus contactos políticos para gestionar contratos y trámites administrativos a cambio de pagos irregulares.
Interceptaciones telefónicas muestran conversaciones en las que se mencionan montos de dinero y la promesa de agilizar procesos en ministerios y alcaldías. Documentos contables incautados en allanamientos evidencian movimientos financieros que no corresponden con ingresos declarados. Testimonios de contratistas señalan que se les exigían porcentajes de los contratos como condición para mantener la relación con las entidades.
La investigación se inició tras denuncias de empresarios que afirmaron haber sido presionados para entregar dinero a cambio de favores burocráticos. La Fiscalía vinculó a las hermanas Guerrero en calidad de indiciadas y advirtió que el esquema operaba desde hace al menos tres años.