La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio de 2026, que dejaron al menos 16 muertos y pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares. Morales rechazó la medida y denunció una persecución política.
Entre mayo y junio, Bolivia registró movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz. Campesinos, obreros y otros sectores pedían su renuncia por no dar una salida a la peor crisis económica en el país en cuatro décadas.
Durante las protestas, Paz recibió el espaldarazo de Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas, integrado entre otros por Argentina, Chile y El Salvador, que denunciaron a inicios de junio «esfuerzos para derrocar» al mandatario boliviano.
El gobierno denunció entonces un intento de alterar el «orden democrático» por parte de «narcoterroristas», y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión.