La reforma a la ley de la Paz total se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda política en Colombia tras el cambio de Gobierno. El consenso entre los principales partidos y el Ejecutivo liderado por Abelardo de la Espriella apunta a desmantelar o modificar de fondo la normativa que, durante la administración de Gustavo Petro, permitió entablar diálogos y negociaciones con grupos armados ilegales, extendiendo beneficios judiciales y políticos a estructuras criminales.
La preocupación radica en que la propuesta del Ejecutivo busca reducir la intervención de jueces y tribunales en los pactos con grupos armados ilegales. Para los críticos, esto significaría un retroceso en la institucionalidad y un riesgo de impunidad, pues se dejaría en manos del poder político la definición de beneficios y sanciones sin control independiente.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia transicional han señalado que la paz solo puede construirse con credibilidad y respeto a la ley. Por ello, anunciaron que acudirán a instancias nacionales e internacionales para frenar cualquier intento de flexibilizar los mecanismos judiciales, insistiendo en que la protección de las víctimas y la transparencia deben ser pilares innegociables en cualquier proceso de paz.