Alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera y quien había sido nombrado gestor de paz por el Gobierno de Gustavo Petro, fue extraditado a Estados Unidos. La medida se concretó tras una orden judicial que lo vincula con delitos de narcotráfico y actividades criminales transnacionales, lo que generó controversia por su rol dentro de los acercamientos de paz impulsados por el Ejecutivo.
La Fiscalía General confirmó que el exjefe armado fue entregado a las autoridades estadounidenses en un operativo coordinado con la Policía y el Inpec. En su contra existen procesos por tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos, además de señalamientos por homicidios y extorsiones en la frontera con Ecuador. Su captura y posterior extradición ponen en evidencia las tensiones entre la política de “gestores de paz” y las exigencias judiciales internacionales.
El caso ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores consideran que la extradición es un golpe contundente contra el crimen organizado, otros cuestionan la decisión de haberlo incluido en los diálogos de paz pese a sus antecedentes. El episodio abre un debate sobre los límites de la política de reconciliación y la necesidad de garantizar justicia frente a los delitos cometidos por líderes de estructuras armadas ilegales.