El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue objeto de una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para ser suspendido provisionalmente de su cargo, luego de emitir fuertes declaraciones contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. En una entrevista radial, Benedetti calificó a la magistrada como “demente, loca y delincuente”, en respuesta a una orden de allanamiento sobre una de sus propiedades en Barranquilla.
La petición fue presentada por el abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, y respaldada por congresistas de oposición como Christian Garcés (Centro Democrático), quienes argumentan que las expresiones del ministro vulneran el principio de independencia judicial y podrían interferir en el curso de la investigación disciplinaria que enfrenta.
La Procuraduría confirmó la apertura de una indagación preliminar para evaluar si Benedetti incurrió en faltas que ameriten medidas cautelares. Según el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, la suspensión provisional puede aplicarse cuando la permanencia del funcionario representa un riesgo para el proceso disciplinario o el interés público.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites del lenguaje político y el respeto institucional entre ramas del poder. Mientras sectores del Gobierno defienden a Benedetti como víctima de persecución judicial, juristas advierten que sus declaraciones podrían configurar una falta grave por irrespeto a la justicia.