El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte presentaron un proyecto de ley que declara ilegal la prestación de servicios de transporte en vehículos particulares a través de aplicaciones móviles. Según el texto, toda movilización de personas o carga en automóviles sin autorización oficial será considerada una infracción grave.
La propuesta modifica el régimen sancionatorio vigente y plantea multas que pueden alcanzar hasta 726 millones de pesos, además de la inmovilización de vehículos por periodos que van de cinco a sesenta días.
El proyecto no se limita a sancionar a los conductores que operen bajo estas plataformas. También establece multas para los usuarios que contraten el servicio y para las unidades residenciales o edificios que permitan la prestación del transporte ilegal en sus instalaciones.
La iniciativa faculta a alcaldes y a la Policía para aplicar las sanciones, lo que amplía el alcance de la medida y convierte a las plataformas en un blanco directo de la regulación. Para el Gobierno, el objetivo es proteger el transporte formal y garantizar que los servicios se presten bajo condiciones legales y seguras.
La propuesta modifica el régimen sancionatorio de la Superintendencia y define como ilegal toda movilidad de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial. Destaca la obligación de los alcaldes y la Policía de priorizar la persecución de estos servicios, además de facultar el cierre de plataformas sin orden judicial.