El gobierno estadounidense autorizó al gobierno venezolano a utilizar de los fondos públicos para poder sufragar las antiguas defensas de Nicolás Maduro y su primera dama, Cilia Flores, los que afrontan procesos legales por narcotráfico. El documento oficial fue firmado por el fiscal Jay Clayton y dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, establece explícitamente que el dinero debe salir de fondos disponibles para el gobierno venezolano y no pueden originarse ningún tipo de depósitos de gobiernos extranjeros.

Esta decisión supone un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos fondos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior. El fiscal Kyle Wirshba afirmó también que el juez no podía ordenar al Departamento del Tesoro que modificara sus sanciones, ya que la política exterior recae en el poder Ejecutivo, no en el Judicial.