El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella propondrá el 15 de septiembre una nueva junta directiva para Ecopetrol y, al mismo tiempo, una reforma estatutaria que le permitiría reemplazar a casi todos los miembros actuales del máximo órgano de la petrolera, clave porque de allí saldrá la elección del próximo presidente de la empresa.
La estrategia del mandatario se centra en impulsar una plancha de candidatos afines a su gobierno, con el objetivo de asegurar mayor control sobre las decisiones de la petrolera estatal, considerada clave para la economía nacional.
Dentro de la lista propuesta figura el polémico asesor de su campaña presidencial, cuyo nombre ha generado debate en sectores políticos y económicos. La inclusión de este perfil ha sido interpretada como un intento de trasladar la influencia política al corazón de la empresa, lo que ha despertado inquietudes sobre la independencia de la junta y la transparencia en la gestión de Ecopetrol.
El anuncio ha provocado reacciones diversas en el país. Mientras algunos sectores oficialistas defienden la necesidad de alinear la compañía con las prioridades del gobierno, analistas y opositores advierten que la medida podría afectar la confianza de inversionistas y la estabilidad institucional de la petrolera. La discusión sobre la nueva junta directiva promete convertirse en un pulso político y económico de gran impacto.