La Corte Suprema de Justicia admitió para estudio una denuncia presentada contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, relacionada con presuntos contratos y cargos públicos que, según los denunciantes, habrían sido entregados a cambio de favores sexuales durante la etapa en la que Petro ejercía como congresista. El expediente fue asignado al magistrado Javier Fernando Fonseca, quien deberá analizar el contenido de la denuncia y determinar qué actuaciones corresponden dentro del proceso.
La denuncia tiene como base las declaraciones de Deicy Jiménez, quien aseguró públicamente haber recibido contratos y vinculaciones laborales en entidades estatales. Según su testimonio, algunas mujeres habrían obtenido oportunidades laborales a cambio de mantener relaciones con el entonces parlamentario. Jiménez también afirmó que fue vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro y que su llegada a ese cargo se habría producido por recomendación de Petro.
La admisión de la denuncia no implica una declaración de responsabilidad ni una conclusión judicial sobre los hechos denunciados. Lo que sigue es una etapa de revisión y análisis de los elementos presentados para establecer si existen fundamentos que justifiquen avanzar en la investigación. Mientras tanto, el caso ha generado amplio debate político y mediático debido a la gravedad de los señalamientos y al alcance que podrían tener las decisiones que adopte el alto tribunal en los próximos meses.