El Consejo de Estado emitió un fallo clave respecto al decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que fijó en 23,7% el aumento del salario mínimo para 2026, el más alto en la historia reciente del país. La corporación judicial ratificó la validez del decreto, luego de que varios sectores empresariales y políticos cuestionaran la medida por considerar que no se ajustaba a los parámetros de concertación establecidos en la ley.
El decreto presidencial elevó el salario mínimo de $1.300.000 a $1.610.000, con el argumento de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación acumulada y el encarecimiento de la canasta básica. El incremento fue decidido de manera unilateral por el Gobierno, tras fracasar las negociaciones en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
El alto tribunal concluyó que el Ejecutivo actuó dentro de sus competencias constitucionales al fijar el aumento.
Señaló que la decisión se ajusta a los principios de progresividad y protección social, aunque reconoció que la concertación tripartita (Gobierno, empresarios y sindicatos) sigue siendo el mecanismo preferente.
Con el fallo, se despeja la incertidumbre jurídica y se garantiza la aplicación plena del incremento salarial desde enero de 2026.