En un preocupante desafío a la seguridad nacional, la sede de la alcaldía de Rioblanco, en el departamento del Tolima, fue blanco de una ofensiva coordinada este domingo 9 de agosto de 2026. El ataque, ejecutado mediante el uso de drones y ráfagas de disparos, no dejó víctimas fatales debido a que las instalaciones se encontraban deshabitadas por ser un día no laborable

La gobernadora regional, Adriana Magali Matiz, ha calificado la situación como de «urgencia máxima», instando al Gobierno nacional a implementar medidas de seguridad excepcionales. Entre las propuestas de la mandataria, se encuentran el refuerzo inmediato del pie de fuerza pública y la evaluación de un toque de queda para retomar el control de la zona.

Un clima de zozobra y tecnología bélica. El incidente en Rioblanco, que quedó registrado en videos donde se observa humo emanando de la fachada del edificio gubernamental bajo el sonido de detonaciones, ha generado una «profunda preocupación» entre los habitantes. Según Matiz, la autoría del atentado apunta a grupos armados ilegales, específicamente a las disidencias de las farc que mantienen actividades terroristas en este sector del centro de Colombia. «Los criminales pretenden sembrar miedo, pero no permitiremos que sometan a la ciudadanía», sentenció la gobernadora.

Escalada de violencia tras el cambio de mando. Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de una violenta ola de atentados que ha sacudido al país, tras la reciente investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. La Defensoría del Pueblo, ha emitido una alerta urgente tras registrar hostigamientos y ataques con artefactos explosivos en 11 departamentos entre el viernes y el sábado: Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

El punto más crítico de esta escalada, ocurrió en San Roque, departamento del César, donde un ataque similar con drones contra un puesto policial, cobró la vida del subintendente Argemiro Rodelo Canchila; el oficial, de 43 años, contaba con una trayectoria de 18 años de servicio en la institución.

Ante este escenario, la administración local de Rioblanco y la gobernación del Tolima, han solicitado el despliegue de toda la capacidad institucional para garantizar la seguridad de los civiles, frente a lo que parece ser, una estrategia deliberada de los grupos irregulares para desestabilizar el orden público en este nuevo ciclo político. Nota 6:30