El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió dar por terminadas las mesas de negociación con grupos criminales, una medida que marca un giro en la política de seguridad nacional. Según fuentes oficiales, la decisión se tomó tras evaluar los resultados de los diálogos y concluir que no existían garantías suficientes para avanzar en acuerdos que ofrecieran beneficios reales a la ciudadanía.
El 28 de agosto, la administración del también abogado y empresario materializó un cambio de rumbo respecto a la política de Paz Total. Las resoluciones emitidas formalizan el desmonte de los espacios de diálogo y marcan el cierre definitivo de los intentos de negociación con estos grupos armados.
El Gobierno fundamentó el cierre de la mesa con las estructuras bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, en la “ausencia de voluntad de paz”. La Resolución 343 de 2026 concluyó el proceso que había iniciado en octubre de 2023 y que, tras divisiones internas, continuaba con los bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. ∫
La Presidencia explicó que el cierre de las conversaciones busca reforzar la autoridad del Estado y evitar que las organizaciones ilegales utilicen los espacios de negociación como mecanismos de presión. En su lugar, el Ejecutivo anunció que se fortalecerán las operaciones de inteligencia y las acciones de la Fuerza Pública para contener el avance de estas estructuras.
La medida ha generado reacciones encontradas en distintos sectores sociales y políticos. Mientras algunos respaldan la decisión como un paso necesario para recuperar la institucionalidad y la seguridad, otros advierten que sin alternativas de diálogo se corre el riesgo de intensificar la violencia en las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados.